Esta norma de buenas prácticas de manufactura (BPM) persigue los siguientes objetivos: • proporcionar principios y orientaciones sobre la aplicación de BPM a lo largo de toda la cadena alimentaria para proporcionar alimentos inocuos y aptos para el consumo; • proporcionar orientaciones para la aplicación de los principios de HACCP; • aclarar la relación entre BPM y HACCP; y • constituir una base para poder establecer códigos de prácticas del sector y códigos de prácticas específicos para productos. Esta norma proporciona un marco de principios generales para la producción de alimentos inocuos y aptos para el consumo, al establecer los controles necesarios de higiene y de inocuidad de los alimentos que se deben aplicar en la producción (incluida la producción primaria), elaboración, fabricación, preparación, envasado, almacenamiento, distribución, venta al por menor, operación de servicios de alimentación y transporte de alimentos y, cuando proceda, medidas específicas de control de la inocuidad de los alimentos en determinadas etapas de la cadena alimentaria. Esta norma está destinada a ser utilizada por las organizaciones (entre los que se incluyen los productores primarios, los importadores, los fabricantes o elaboradores, los operadores de almacenes o de logística, los operadores de servicios de alimentación, los minoristas y los operadores comerciales) y las autoridades competentes, según proceda. Proporciona información básica para responder a las necesidades de las empresas alimentarias, independientemente de la naturaleza del producto y del tamaño de la organización, en el contexto del comercio de alimentos. Sin embargo, cabe señalar que este documento no puede ofrecer orientaciones específicas para todas las situaciones y tipos concretos de empresas alimentarias ni para la naturaleza y el alcance de los riesgos de la inocuidad de los alimentos asociados a circunstancias individuales. A la hora de decidir si una medida es necesaria o adecuada, se debería realizar una evaluación de la probabilidad y la gravedad del peligro para establecer los posibles efectos perjudiciales para los consumidores, teniendo en cuenta todo conocimiento pertinente de la operación y de los peligros, entre otros, la información científica disponible.